DISCURSO DE APERTURA

Buenos días a todos.

En primer lugar, quiero agradecer a SEAIDA y a la Escuela de Práctica Jurídica la invitación a participar, en representación de UNESPA, en la apertura de este IX Congreso Nacional. Quiero extender también mi felicitación, porque este Congreso coincide con dos aniversarios muy significativos: los 65 años de la Asociación y los 80 años de la Revista Española de Seguros. Son dos trayectorias que reflejan la importancia del análisis jurídico, el estudio y el debate profesional para el desarrollo del seguro en España.

Quiero comenzar recordando a las víctimas del accidente ferroviario de Urda y a sus familias. Es importante reparar los daños personales causados a las víctimas, y el seguro contribuirá a ello mediante las indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Viajeros y de la responsabilidad civil de las empresas ferroviarias responsables. Pero habría sido aún más importante prevenir el accidente y reducir la vulnerabilidad de las infraestructuras.

Por eso, el título elegido para este Congreso, “Prevención y Seguros en las Empresas”, difícilmente podría ser más oportuno.

La reducción de la brecha de aseguramiento no es un problema exclusivamente asegurador.

Las entidades aseguradoras suscriben riesgos y determinan las primas en función de esos riesgos. Por tanto, si existen brechas de aseguramiento, debemos analizar con mayor profundidad su origen y desplazar el debate desde una visión centrada exclusivamente en la dimensión de la brecha de protección hacia las condiciones necesarias para que los riesgos sigan siendo asegurables.

La brecha no es únicamente la diferencia entre lo asegurado y lo no asegurado. Responde también a problemas de conocimiento y percepción del riesgo, de acceso a la protección, de insuficiencia de las medidas públicas de prevención y de falta de una protección adecuada. Asimismo, cuando resulte necesario, puede requerir el establecimiento de esquemas de colaboración público-privada. Por eso, reducir la brecha de aseguramiento exige actuar sobre toda la cadena del riesgo: conocer, prevenir, adaptar, proteger y asegurar.

El cambio climático provoca fenómenos cada vez más frecuentes y severos. Frente a ellos, el seguro desempeña una función esencial, pero no puede actuar solo.

La primera respuesta debe ser la prevención y la adaptación al riesgo climático: mejorar las infraestructuras, reducir la vulnerabilidad de edificios e instalaciones, incorporar el riesgo a las decisiones de inversión y de ordenación de los Estados, como acaba de plantear la Comisión en su propuesta de Marco de Resiliencia frente al Riesgo Climático, y desarrollar una verdadera cultura preventiva en la sociedad.

La segunda respuesta debe ser la concienciación: comprender que es necesario estar asegurado o, mejor dicho, saber si se está bien asegurado, si las sumas aseguradas son suficientes y si la póliza incorpora las garantías adecuadas.

A continuación, debe actuar el aseguramiento. Y, ante riesgos extraordinarios o sistémicos, necesitamos fórmulas adecuadas de colaboración público-privada. En el ámbito climático, España cuenta con un sistema dual de cobertura que debería revisarse y adaptarse a los nuevos impactos climáticos: por una parte, el seguro privado, que cubre riesgos como la lluvia, el granizo, la nieve, el hielo, los vientos de menor intensidad y los incendios forestales; por otra, el Consorcio de Compensación de Seguros, que cubre, entre otros, la inundación y los vientos de mayor intensidad. También el seguro agrario, a través de la colaboración entre Agroseguro, el Consorcio de Compensación de Seguros y la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, constituye otro magnífico ejemplo de colaboración público-privada.

Pero las brechas de protección no afectan únicamente a los riesgos naturales. Uno de los desafíos más claros se encuentra en la ciberseguridad.

En el ámbito cibernético existe una relación especialmente estrecha entre prevención y asegurabilidad. Antes de hablar de la póliza, debemos hablar del conocimiento del riesgo, la protección de los sistemas y de los datos, los procedimientos internos y la capacidad de respuesta ante incidentes.

Esto es particularmente importante para las pequeñas y medianas empresas. También es necesario reforzar su concienciación sobre los daños que puede causar un incidente cibernético y sobre las coberturas más adecuadas para cada actividad. El seguro puede acompañarlas en la gestión y transferencia del riesgo, pero, para que el mecanismo asegurador funcione de forma sostenible, son necesarias unas condiciones mínimas de prevención.

Por último, deberían buscarse fórmulas de colaboración público-privada para afrontar el problema de las acumulaciones de pérdidas que pueden provocar los ciberincidentes a gran escala por su carácter sistémico.

No me extenderé mucho más, pero conviene recordar que muchas de las dificultades para asegurar riesgos, no solo emergentes, sino también conocidos, tienen su origen en unas medidas insuficientes de prevención o protección, especialmente en la insuficiente protección contra incendios que cuentan las pequeñas y medianas empresas, aspecto este que se agrava en determinados sectores de actividad.

El Congreso aborda la evolución de la responsabilidad de administradores y directivos. Las obligaciones regulatorias y las responsabilidades empresariales están cambiando y, para asegurar adecuadamente, necesitamos identificar el riesgo, delimitar las responsabilidades y disponer de un entorno jurídico suficientemente cierto y previsible.

También el transporte muestra hasta qué punto los riesgos están interconectados. Una interrupción logística de la cadena de suministro puede afectar a la producción y a empresas situadas a miles de kilómetros. Esta interdependencia exige una visión más amplia de la prevención y del aseguramiento.

Para finalizar, quiero hacer una referencia especial a la responsabilidad civil sanitaria, porque constituye otro ámbito en el que el equilibrio entre protección, asegurabilidad y seguridad jurídica resulta fundamental.

El Congreso aborda los siniestros complejos, la cuantificación del daño, los intereses moratorios, los tratamientos y productos sanitarios innovadores y los sistemas de reclamación.

Desde la perspectiva aseguradora, debemos ofrecer una reparación adecuada a los pacientes y, al mismo tiempo, disponer de un marco de responsabilidad estable y previsible. Desde UNESPA consideramos relevante avanzar en la reflexión sobre un marco específico de responsabilidad civil sanitaria y sobre un sistema de valoración del daño adaptado a las particularidades de este ámbito.

No se trata de trasladar mecánicamente las soluciones del automóvil, sino de estudiar un baremo sanitario propio, adecuado a la naturaleza del daño sanitario y capaz de aportar mayor certidumbre a pacientes, profesionales, centros sanitarios y aseguradoras.

Quisiera terminar con una reflexión.

Durante mucho tiempo hemos explicado el valor del seguro por su capacidad para indemnizar después de un siniestro. Esa función continúa siendo esencial, pero el futuro del seguro nos exige ir un paso más allá.

Tenemos que contribuir a evitar el daño cuando sea posible, reducirlo cuando no pueda evitarse, mejorar la capacidad de recuperación y preservar y mejorar las condiciones que permitan seguir asegurando los riesgos.

Porque el verdadero desafío no es únicamente conseguir que haya más seguros. Es conseguir que haya una sociedad más y mejor protegida.

Y, para ello, debemos preguntarnos: ¿qué tenemos que hacer hoy para que los riesgos de mañana sigan siendo asegurables?

Responder a esa pregunta exige la participación de aseguradoras, mediadores, empresas, juristas, académicos, reguladores y administraciones públicas. Precisamente por eso son tan importantes encuentros y jornadas como esta.

Muchas gracias.